El documental surge como parte del acuerdo de la demanda interpuesta al Estado. Dentro de la reparación de los daños, los familiares exigieron la filmación del documental producido por el propio gobierno; sin embargo, el gobierno se ha negado a cumplir con el pago por la producción de la cinta.
Aunque el gobierno no ha pagado por la producción, de acuerdo a lo estipulado, los productores, el director y los propios protagonistas han decidido no esperar y mostrarlo como táctica para obligarlos a cumplir con el acuerdo.
Para el director, Claudio Zulian, el documental es parte de hacer justicia. En sus palabras: “la película tiene una voluntad de sanación y de ser algo que ayude a superar el trauma… no queríamos hacer solo un listado del horror, sino orientar la película a la vida, a la justicia".